Cómo la regulación fomenta la inversión sostenible

La inversión siempre ha sido objeto de regulación, para proteger los inversores finales y mantener los niveles de calidad en un sector de muchos billones de dólares. Lo novedoso es un compromiso mucho mayor para fomentar la inversión sostenible, de la mamo del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles (SFAP).

En concreto, el Plan se propone alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo. Parte del plan se concretará en nuevas normas, como el Reglamento de divulgación financiera sobre sostenibilidad (SFDR), que aclara qué son los fondos de inversión sostenibles, o el Reglamento de la taxonomía, conforme al cual los gestores de activos deben informar sobre su impacto (positivo o negativo).

El SFAP tiene tres objetivos principales. El primero consiste en reorientar los flujos de capital hacia la inversión sostenible, apartándolos de sectores como el de combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global. El segundo es el de gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos y la degradación medioambiental. Por último, trata de impulsar la transparencia y la planificación a largo plazo en la actividad económica y financiera.

El SFDR pretende conseguir que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea más comparable y mejor comprendido por los inversores finales, fijando parámetros predefinidos para las características ASG empleadas en el proceso inversor. Como su nombre indica, se hará mucho más hincapié en la divulgación, con nuevas normas que obliguen a identificar los impactos perjudiciales realizados por las empresas en que se invierte.

Robeco ha establecido un equipo de proyecto especializado con más de 40 personas, dedicado a integrar todos los aspectos del SFAP, que entrará en vigor escalonadamente. La primera fecha límite importante del 10 de marzo de 2021 para la clasificación de los fondos y las declaraciones de información obligatorias de los folletos de los fondos y el sitio web pasó sin el menor contratiempo.

El SFAP fue inicialmente diseñado por la Comisión Europa en marzo de 2018, como repuesta a la emblemática firma en diciembre de 2015 del Acuerdo de París, así como, previamente en ese año, de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente, está en consonancia con el Pacto Verde europeo, cuyo objetivo es lograr la neutralidad de carbono en la UE para 2050.

El alcance de la normativa es muy amplio y, entre otros, se aplica a gestores de activos, fondos de pensiones y bancos y aseguradoras de la UE. Un elemento muy destacado y de mucha incidencia de la nueva normativa es la clasificación de los fondos y mandatos en tres categorías, que se contienen en los artículos 6, 8 y 9 del SFDR.

• Los fondos del artículo 6 son aquellos que no integran ningún tipo de sostenibilidad en su proceso inversor.

• El artículo 8 es de aplicación “cuando un producto financiero promueva, entre otras, características medioambientales o sociales, o una combinación de ellas, siempre y cuando las empresas en las que se hace la inversión observen buenas prácticas de gobernanza”.

• El artículo 9 cubre aquellos productos relativos a inversiones sostenibles hechas a media y se aplica “cuando un producto financiero tenga como objetivo inversiones sostenibles, y se haya designado un índice de referencia”.
  

Alrededor del 95% de los fondos de Robeco están clasificados como o bien del artículo 8 (83%) o bien del artículo 9 (12%), con solo el 5% incluidos en el artículo 6. Los fondos del artículo 8 comprenden las gamas de estrategias Sustainability Inside y Sustainability Focused. Los fondos del artículo 9 corresponden a la gama Impact Investing y llevan la etiqueta RobecoSAM. Solo un puñado de fondos no hacen integración ASG, como los que utilizan derivados o cuentas de efectivo.

Las declaraciones de impacto adverso serán obligatorias a partir de julio de 2021. Los gestores de activos deberán exponer su política de diligencia debida, explicando cómo tendrán en cuenta en sus decisiones de inversión los principales impactos adversos de las empresas en que invierten. También deben exponer las medidas que adoptan para mitigar tales impactos adversos.

El control de las declaraciones se realizará con un sistema de 64 indicadores de impacto adverso, de los que 18 serán obligatorios y 46 voluntarios. Aunque las obligaciones concretas solo se han conocido recientemente, Robeco ha tomado medidas para garantizar que está preparada, por ejemplo, creando herramientas tipo de impacto adverso para evaluar el efecto de la normativa.

Otro elemento con mucha incidencia del SFAP es la propuesta de Taxonomía de la UE, que trata de armonizar qué se entiende realmente por ‘actividades verdes’. La UE ha definido un criterio mínimo que las actividades económicas tienen que cumplir para tener la consideración de medioambientalmente sostenibles.

En resumen, dichas actividades tienen que hacer una contribución significativa a como mínimo uno de los seis objetivos medioambientales siguientes: mitigación y adaptación al cambio climático, protección de recursos marinos e hídricos, transición a una economía circular, evitar la contaminación y proteger o restaurar la biodiversidad y los ecosistemas.